De los 13 municipios que en la década de 2011 a 2021 registraron decesos en barandillas, solo Huejutla, Tulancingo, Pachuca, Tepeji del Río y Tula accedieron, en el ejercicio fiscal de 2020, al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
De acuerdo con el gobierno federal, el Fortaseg es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando ejercen la función de Seguridad Pública, con el que se puede dar entrenamiento y aplicar evaluaciones de control de confianza a los elementos operativos en las instituciones locales.
Durante el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo con copias del anexo técnico del programa, ninguna de estas cinco demarcaciones invirtió en el subprograma Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización.
No obstante, destinaron gran parte de los recursos al programa Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública.
La administración de Raúl Badillo Ramírez (Huejutla, 2016-2020) proyectó gastar 6 millones 401 mil 693 pesos en 360 botas, 360 camisas o camisolas, 360 pantalones, 360 gorra tipo beisbolera, 172 fornitura, 45 bastones policial PR-24, 40 cascos antimotín, 40 escudos antimotín, 58 gases lacrimógenos, 15 chalecos balísticos mínimos, 40 cascos balísticos mínimos y cinco pickup doble cabinas equipadas como patrulla con balizamiento.
Por su parte, el exalcalde de Tulancingo Fernando Pérez Rodríguez planteó un gasto de 8 millones 222 mil 971.42 pesos en cinco motocicletas equipadas como patrullas con balizamiento, seis pickup doble cabina equipadas como patrulla con balizamiento, 488 camisolas o camisas, 488 pantalones, 488 gorras tipo beisbolera, 244 chamarras, 488 pares de botas y 15 cascos balísticos mínimos.
En tanto, con Yolanda Tellería Beltrán al frente del gobierno de Pachuca, se proyectó gastar 13 millones 47 mil 397 pesos en cuatro drones, seis pickup doble cabina equipadas como patrullas con balizamiento, un material de apoyo de operación para primer respondiente, cien sistemas de grabación portátil en patrulla, 50 chalecos balísticos mínimos, 15 cascos para ciclista, 50 cascos para motociclista, 15 coderas tácticas, 15 rodilleras tácticas, 200 kepí, 400 pares de zapatos tipo choclo, 600 pares de botas, 300 gorras tipo beisbolera, 500 chamarras, mil pantalones, 500 playeras (por especificar modelo) y mil camisolas o camisas.
En Tepeji del Río, el gobierno de Moisés Ramírez Tapia gastaría 3 millones 391 mil 653 pesos en 160 pares de botas, 160 camisolas o camisas, 160 pantalones, 160 gorras tipo beisboleras, 80 chamarras, 80 fornituras, dos pickup doble cabina equipadas como patrullas con balizamiento, dos motocicletas equipadas como patrulla con balizamiento y un material de apoyo de operación para primer respondiente.
Mientras que el gobierno de Ismael Gadoth Tapia Benítez, en Tula, propuso un gasto de 8 millones 755 mil pesos en 15 mil municiones para arma larga, 30 mil municiones para arma corta, tres sedán equipados como patrulla con balizamiento, tres pickup doble cabina equipadas como patrulla con balizamiento, 25 chalecos balísticos mínimo, 500 gorras tipo beisbolera, 500 pantalones, 250 fornituras, 250 chamarras, 500 camisolas o camisas y 500 pares de botas.
Además, de estos cinco municipios, solo Tulancingo y Pachuca programaron gastar recursos del subprograma Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública, en el concepto de Formación Continua (Derechos Humanos): el primero, por 105 mil pesos, para entrenar a 30 uniformados, y el segundo, por 176 mil pesos, para capacitar a 44 elementos.
Consultado al respecto, Octavio Magaña Soto, diputado local por del distrito XIV, con cabecera en Tula de Allende, y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia en la LXV Legislatura de Hidalgo, asegura que los municipios solicitan dinero al Poder Legislativo para mejorar la infraestructura de Seguridad Pública, pero no lo aplican.
Además, afirma que, en tema de las detenciones de personas, no existe una visión en el ramo municipal sobre la protección de los derechos humanos.
El legislador emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sostiene que existe una falta de infraestructura municipal para tener una perspectiva de Seguridad Ciudadana con visión de derechos humanos.
“En el tema específico de los derechos humanos, no existe el recurso (en los municipios) y cuando existe no se le destina al fortalecimiento de infraestructura, al fortalecimiento de capacitación en dos vertientes: en los recursos humanos y en los recursos materiales que se tienen”.
Octavio Magaña Soto
Además, considera que las demarcaciones solo les requieren dinero, pero no lo aplican.
“A nosotros nos exigen dinero, nos exigen presupuesto, ‘ayúdanos con el presupuesto de la seguridad’, pero cuando ellos tienen la oportunidad de otorgar el 25 por ciento en Seguridad Pública de recursos, como las líneas de operación son flexibles, ellos se van mucho por el rescate de espacios públicos, alumbrados, pavimentación”.
Magaña Soto afirma que, si no existe entrenamiento al personal de Seguridad Pública, no sirve de nada invertir en la infraestructura, “pues estamos prácticamente en ceros, es un tema más físico que de leyes o letras, porque es muy básico”.
En Huehuetla, así es como opera la barandilla: con carteles que contienen cómics, que son proporcionados por la CDHEH.
Rigen usos y costumbres cárceles comunitarias
Al menos cinco de los 19 decesos ocurridos en barandillas ocurrieron en cárceles ubicadas en comunidades de municipios indígenas, como Atlapexco, Huautla, Huejutla y Tepehuacán de Guerrero.
Estos espacios, de acuerdo con Agustina Andrade de la Cruz, jueza conciliadora de Huejutla, no son regidos por ninguna ley, sino por los usos y costumbres de las comunidades.
Es decir, los delegados, que fungen como autoridad auxiliar de una comunidad, son los encargados de derivar a alguna persona que ha infringido las normas de la localidad a una “cárcel de castigo”, como también las define Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
Parra Bonilla asegura que ninguno de los usos y costumbres puede permitir que se ponga en riesgo la vida de las personas.
“Todo derecho humano está sobre los usos y costumbres, siempre. Si nosotros ponderamos los usos y costumbres, ningún uso ni costumbre va a estar por encima de los derechos de las personas y esa ponderación nos invita también a analizar el contexto”.
Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la CDHEH
Sin embargo, en la última década ocurrieron cinco decesos de personas en esos espacios, de los que, de acuerdo con Andrade de la Cruz, el ayuntamiento de Huejutla recibe los reportes de los delegados, para que el municipio pueda después intervenir.
“Normalmente el delegado se comunica con nosotros. Nosotros verificamos si el detenido tiene alguna lesión y por qué lo tienen retenido. Verificamos la situación, si yo veo que no ponen en peligro su vida y demás y en qué tiempo lo tuvieron, pues ya lo traemos nosotros a comandancia. Hablan ellos a una patrulla para que lo canalicen ya lo ponen a mi disposición o vemos para dónde canalizarlo: si es conmigo, al Ministerio Público o al Centro de Atención a Víctimas”.
Agustina Andrade de la Cruz, jueza conciliadora de Huejutla
Por su parte, el diputado Octavio Magaña Soto coincide con la presidenta de la CDHEH en que “los derechos humanos no están a debate”, pero que el gran reto que tienen como legisladores es el respeto a los usos y costumbres.
“La visión que puedan tener los usos y costumbres en una comunidad es algo complejo, porque te sorprendes no solo de la violación de los derechos humanos no solamente en este tipo de cuestiones, sino en niños y niñas y adultos por el simple hecho de la justificación”.
Octavio Magaña
El legislador del PVEM considera que “se tiene que hacer una campaña, una política pública de mucha conciencia entre los niveles de gobierno y trabajar en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos” para que prevalezcan las garantías individuales sobre los usos y costumbres.
Crisis familiares, económicas o de relaciones detonan la tendencia suicida
Aris Alberto Sosa Cordero, Trinidad Miranda Sánchez, Misael Segura Ramos, Ricardo N., Néstor Hernández Vargas, Beatriz Hernández Ruiz y Silverio H. M., además de dos hombres y un menor de edad cuya identidad no fue revelada, son los nombres de personas que fueron ingresadas a barandillas o cárceles comunitarias de municipios de Hidalgo, cuya muerte fue reportada como presunto suicidio.
De acuerdo con Jocelyn Lugo, psicóloga especializada en Suicidología y miembro del Instituto Hispanoamericano de Suicidología (Inhisac), la tendencia a quitarse la vida deriva de crisis económicas, familiares o de relaciones amorosas.
“Existe una visión de túnel; es decir, en la que la persona tiene ve todo de manera sombría y considera que todo lo que hace está mal hecho”.
Jocelyn Lugo, psicóloga especializada en Suicidología
Asimismo, afirma que existen factores de alerta para detectar una tendencia suicida, como son que, días antes de atentar contra su vida, una persona empiece a regalar sus pertenencias, busque métodos para terminar con su vida o bien, recolecte medicamentos para cometer su propósito.
“Se trata de conductas autodestructivas, en las que el dolor emocional les invade”.
Además, explica que en algunos casos existe un antecedente de depresión que detona una conducta de este tipo.
Consultada respecto al uso de drogas, alcohol y otras sustancias nocivas, la especialista explicó que estas generan un estrés emocional que puede acrecentar el riesgo de suicidio.
“Ocurre porque algunas drogas, así como el alcohol, desinhiben a la persona que las consume; es decir, si ya existe un antecedente de conducta suicida, con el consumo de estas sustancias se incrementa el riesgo potencialmente porque las personas no están cien por ciento conscientes de sus actos”.
Lugo recomienda que las familias estén al pendiente y detecten posibles conductas suicidas, como que las personas se despidan de sus amigos o regalen sus pertenencias; asimismo, que estén al tanto de las amenazas que realizan.
“Algunas personas amenazan con que se van a suicidar, y en ello debe haber una desmitificación: no es que lo estén advirtiendo, es que están llamando la atención para solicitar ayuda psicológica o psiquiátrica. Muchas de las veces, es cierto que quienes advierten que van a cometer suicidio lo hagan”, refiere.
Para pedir ayuda en temas de suicidio, la especialista del Inhisac recomienda solicitar atención al 911, en la Línea de la Vida, o recurrir a organizaciones como de la que es parte, ubicada en Ciudad de México, aunque refiere que los gobiernos de las entidades también deben contar con un este tipo de unidades de atención psicológica.
Morir en barandillas 